Triunfo de Uruguay y Australia sobre Phillip Morris: ¿Golpe a la lógica de los TLC?

Triunfo de Uruguay y Australia sobre Phillip Morris: ¿Golpe a la lógica de los TLC?

4516_1La principal tabacalera mundial acaba de perder un juicio contra el Estado uruguayo, donde le reclamaba un resarcimiento frente a su política de control del tabaco. A esto se suma otro caso en el cual la empresa demandó a Australia y el tribunal arbitral que debía resolver se declaró incompetente. ¿Un respiro para los pueblos ante el afán de lucro de las multinacionales?

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial acaba de fallar a favor de Uruguay, frente a la demanda que le hiciera Phillip Morris (PM) por sus políticas de salud pública para reducir el consumo de cigarrillos. En 2010 la tabacalera transnacional reclamó al Estado oriental el pago de $25 millones de dólares por afectar sus negocios. Se amparó para ello en el Tratado Bilateral de Inversiones que ese país había celebrado con Suiza, sede de su casa matriz, en 1998.

¿Había expropiado fábricas de PM el Uruguay? ¿Había congelado activos financieros de la compañía? ¿Había expulsado a la empresa del país? No. Simplemente había seguido los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y había exigido que el 80% de las cajillas de cigarrillos estuviera cubierto de advertencias gráficas sobre los riesgos que su consumo implica para la salud. Había dispuesto también que cada marca de cigarrillos tuviera una presentación única. PM no se quedó quieta y accionó contra el Estado por afectar sus inversiones.

Una a favor del interés público

Según uno de los representantes legales de Uruguay, en la sentencia el tribunal señaló que “los Estados deberían disfrutar de una considerable libertad para la configuración de los reglamentos de salud pública apropiadas a sus circunstancias individuales, sin temor a las demandas frívolas de los inversores extranjeros”. También obligó de PM a pagar 7,7 millones de dólares por honorarios y costos. La sanción a la tabacalera no parece un gran castigo, sobre todo si se considera que Uruguay gastó casi 5 millones de dólares para defenderse de este absurdo reclamo. Lo importante es que el país, además de tener razón, hizo lo correcto. Gracias a su política de control del tabaco, el consumo de cigarrillos bajó de 35% en 2005 a 22,2% en 2014.

El caso uruguayo se suma a otro revés legal que sufrió PM en diciembre de 2015, en este caso contra Australia. La transnacional, que producía cigarrillos Marlboro en este país desde 1954, fijó su sede en Hong Kong en 2011. Desde allí inició una demanda al amparo del Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones suscripto entre ese estado y Australia en 1993. PM no reclamó por bienes expropiados o utilidades que no podía remitir a su casa matriz regional. Demandó al Estado australiano por sancionar leyes de empaquetado genérico de cigarrillos, que proscribían logotipos y diseños de marca, a la vez que obligaban a incorporar advertencias gráficas sobre los efectos del consumo de tabaco en la salud. El tribunal arbitral no fue tan contundente como el CIADI, simplemente se declaró incompetente. El tratado Australia-Hong Kong no era aplicable.

Multinacionales al acecho y tribunales a medida

Los sistemas de solución de controversias estado-inversor son un riesgo para la soberanía de los estados que han suscripto Tratados de Libre Comercio o Acuerdos Bilaterales de Protección de Inversiones. Estos “tribunales” son instancias no judiciales, internacionales, que ponen a las empresas en igualdad de condiciones que los estados, aceptan demandas corporativas contra los países pero no a la inversa, y sobre todo, ponderan en primer lugar el interés los inversores por sobre el interés público. Lo que es peor, los estados pueden ser demandados por cualquier medida o normativa sancionada que ponga en riesgo la expectativa de ganancias de una empresa. En este contexto, el fallo del CIADI contra Phillip Morris es una verdadera sorpresa y ha encendido la luz de alerta en el mundo corporativo.

Los tratados de protección de inversiones han creado una industria muy lucrativa. Grandes estudios de abogados en todo el planeta ofrecen sus servicios para demandar a los Estados. En 2011, solo en el CIADI, se registraban 450 casos de demandas inversor-estado, la mayoría de ellos presentadas por empresas de países desarrollados contra países en desarrollo. La Conferencia de la Naciones Unidas sobre Comercio y desarrollo (UNCTAD) sostiene que los costos de arbitraje se han disparado en los últimos años y, según datos disponibles de los casos conocidos, la Organización de Desarrollo y Cooperación Económicos (OCDE) calcula entre 8 y 30 millones de dólares los costos legales de llevar adelante este tipo de pleitos. Defenderse de la avaricia empresaria sale caro a los estados pobres e incluso, aunque ganen, este tipo de tribunales exige compartir los costos del juicio.

Lejos de la especulación, los casos concretos

Entre los casos más resonantes de empresas que demandaron a estados por tomar medidas en favor del interés público se encuentran:

- Vatternfall contra Alemania: la multinacional sueca de energía demandó en 2012 a ese país por 4.600 millones de dólares a raíz de su decisión de abandonar gradualmente la energía nuclear, luego de la catástrofe de Fukushima en Japón.

- Piero Foresti y otros contra Sudáfrica: un grupo de inversores italianos demandó a ese estado por sancionar una ley de empoderamiento económico de la población negra, que busca corregir algunas injusticias creadas por el apartheid. La ley exigía a las mineras traspasar parte de sus acciones a inversores negros.

- CMS Energy, Suez, Vivendi, Anglian Water, Aguas de Barcelona y otros contra Argentina: un total de 40 empresas demandaron por sumas millonarias al país ante el CIADI por sus medidas para mitigar la crisis financiera del 2001.

- Veolia contra Egipto: una empresa francesa dedicada a la recolección de residuos de la ciudad de Alejandría, demandó al estado por aumentar el salario mínimo interprofesional después de la rebelión popular conocida como “la primavera árabe”.

- Occidental contra Ecuador: el país tuvo que pagar en 2.300 millones dólares en 2012 por rescindir una concesión petrolera a una empresa estadounidense.

- Achmea contra Eslovaquia: la aseguradora holandesa le ganó un juicio al estado por 29,5 millones de euros (equivalente a todo el presupuesto en sanidad del país) cuando intentó revertir la privatización de su sistema sanitario.

La lista es sigue, e incluye los casos de Phillip Morris contra Uruguay y Australia.

Etiquetado ¿luz al final del túnel?

El triunfo de Uruguay siembra tanta alarma en el mundo corporativo como expectativa en los sectores que rechazan los Tratados de Libre comercio y alertan sobre la amenaza que representan para la soberanía de los estados y la democracia. El fallo del CIADI reconoció el derecho soberano de Uruguay de definir sus políticas de salud pública por encima de la expectativa de ganancia de una tabacalera multinacional. No es menor el hecho de que la industria de cigarrillos tiene mala prensa a nivel mundial y que Uruguay actuó en cumplimiento del Convenio Marco para el Control del Tabaco de la OMS, que cuenta con 168 estados signatarios.

No obstante, quienes luchan contra los acuerdos megarregionales de comercio e inversión como el TPP y TTIP ven en el caso un antecedente nada despreciable. Las reglas de etiquetado, como medida de defensa de la salud de los consumidores, son un elemento de disputa ante la penetración de cultivos transgénicos basados en el uso de herbicidas contaminantes. El Art 2.29 del TTP permite la entrada indiscriminada de cultivos transgénicos y de peligrosos productos biológicos y nanotecnológicos. Por su parte, Greenpeace ha denunciado como el TTIP busca armonizar a la baja los estándares europeos respecto a los estadounidenses en materia agrícola, de salud y medioambiental. Detrás de estos tratados se encuentran multinacionales como Monsanto, Dupont y Dow Chemical. Frente a estos avances de las corporaciones el triunfo Uruguay, y en menor medida de Australia, sobre Phillip Morris dan fundamentos concretos a la necesidad de reservar a los estados la potestad de ejercer medidas regulatorias a favor de los ciudadanos y el interés público.

Fuente: www.clate.org

* Equipo de Comunicación de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE)