Paritarias: Recesión o Mercado Interno

Claudio LozanoEl diputado nacional de la CTA (MC), Claudio Lozano, dirigente de Unidad Popular (UP), afirmó que “si se toman estimaciones más realistas que la oficial (para nosotros un 35,7%), el piso para las paritarias debiera ser del 41,6% retroactivo a enero 2016. Y añadió: “Las condiciones de vida de la Argentina actual reclaman un Salario Mínimo que no baje los $9.000 y requieren básicos de convenios que, como piso, deberían ubicarse en los $15.000”.

Para Claudio Lozano, “estos deberían ser los objetivos de un acuerdo social razonable, para recuperar el poder adquisitivo de la población, dinamizando el consumo popular y el mercado interno. Las paritarias son el momento en el que política y socialmente puede ponerse un freno a la estrategia recesiva del gobierno nacional”.

Se adjunta el análisis sobre la situación salarial y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, elaborado por Claudio Lozano (Unidad Popular), junto a Tomás Raffo, en el marco del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP).

Conforman el equipo de trabajo Ana Rameri, responsable general, Agustina Haimovich y Alejandro Joel Ventura.

Síntesis:

“La coyuntura económica y social abierta por el gobierno de Cambiemos, plantea una situación de extorción sobre el conjunto de los trabajadores signada por la puesta en marcha de miles de despidos tanto de la Administración Pública Nacional y las administraciones provinciales y municipales, como en el Sector Privado (22.000 trabajadores). Cesantías que actúan como condicionante de una negociación salarial a la que los trabajadores llegarán luego de un significativo deterioro de su poder adquisitivo. Este, a su vez, es resultado del impacto en precios que ha producido, desde noviembre en adelante, la decisión de validar una devaluación del 50% acompañada por la eliminación de retenciones, el aumento en los combustibles y un brutal ajuste en las tarifas eléctricas, que se ubica entre un 300% a un 600%.

- En este sentido, los trabajadores que acumulaban una pérdida promedio del poder adquisitivo de un 4,2% a Diciembre del 2015 respecto al 2011, al considerar solo la gestión del nuevo gobierno, es decir desde diciembre, y proyectando los precios a Marzo, que es el momento de la discusión paritaria, acumularían una pérdida de entre un 5,9% y un 7,6%. De este modo, el trabajo que aquí presentamos sostiene que, considerando el Índice General de Salarios del INDEC, – en promedio, y simplemente para mantener el poder adquisitivo de Noviembre del 2015 -, deberían tener un incremento en sus salarios, (en la más moderada de las estimaciones y suponiendo como cierta la estimación gubernamental del 25%), del 30,9% retroactivo a Enero del 2016. De más está decir que, si se desplaza la “increíble estimación oficial” y se toman estimaciones más realistas (para nosotros un 35,7%), el piso para las paritarias debiera ser del 41,6%, retroactivo a Enero 2016.

- Este trabajo también ratifica un concepto que siempre hemos sostenido. En la discusión paritaria debe considerarse la relación entre la evolución salarial y los precios, pero también deben incorporarse las necesidades “reales” de los trabajadores. Así las cosas, los datos disponibles indican que el ingreso promedio de quienes trabajan en la Argentina asciende a $7.354 y que en el caso de los asalariados registrados sube a apenas $9.071, mientras que en los no registrados desciende a $3.983.

– Todos estos salarios resultan paupérrimos al compararlos con la más moderada de las estimaciones de la canasta de pobreza ($7.377). Ni qué hablar frente a la canasta de consumos mínimos elaborada por la Junta Interna de delegados de ATE-INDEC ($15.577) o la Canasta de Consumo Promedio Familiar, que se ubica en $18.646. Frente a lo expuesto, sostenemos que las condiciones de vida de la Argentina actual reclaman un Salario Mínimo que no baje los $9.000 y requieren básicos de convenios que, como piso, deberían ubicarse en los $15.000.

- Estos deberían ser los objetivos de un acuerdo social razonable, que se planteara establecer una senda de recuperación del poder adquisitivo de la población dinamizando así el consumo popular y el mercado interno. Criterio éste que se ubica en las antípodas de una estrategia oficial que, de cumplirse en sus objetivos, implicará una pérdida importante del poder adquisitivo de los salarios. Las paritarias son el momento en el que política y socialmente puede ponerse un freno a la estrategia recesiva del gobierno nacional”.

El informe

Declaración

“La coyuntura económica y social abierta por el gobierno de Cambiemos plantea una situación de extorción sobre el conjunto de los trabajadores signada por la puesta en marcha de miles de despidos tanto de la Administración Pública Nacional como las administraciones provinciales y municipales, así como también más de 22.000 trabajadores del Sector Privado. Cesantías que más allá del número, actúan como señal simbólica respecto a que se facilita el despido y como condicionante de una negociación salarial a la que los trabajadores llegarán luego de un significativo deterioro de su poder adquisitivo.

Este a su vez es resultado del impacto en precios que ha producido, desde noviembre en adelante, la decisión de validar una devaluación del 50% acompañada por la eliminación de retenciones, el aumento en los combustibles y un brutal ajuste en las tarifas eléctricas que se ubica entre un 300% a un 600%.

En este sentido, los trabajadores que acumulaban una pérdida promedio del poder adquisitivo de un 4,2% a Diciembre del 2015 respecto al 2011, al considerar solo la gestión del nuevo gobierno, es decir desde diciembre y proyectando los precios a Marzo que es el momento de la discusión paritaria, los trabajadores acumularían una pérdida de entre un 5,9% y un 7,6%. De este modo, el trabajo que aquí presentamos sostiene que considerando el Índice General de Salarios del INDEC, en promedio y simplemente para que los trabajadores mantengan el poder adquisitivo de Noviembre del 2015 deberían tener un incremento (en la más moderada de las estimaciones y suponiendo como cierta la estimación gubernamental del 25%) del 30,9% en sus salarios retroactivo a Enero del 2016. De más está decir, que si se desplaza la “increíble estimación oficial” y se toman estimaciones más realistas (para nosotros un 35,7%), el piso para las paritarias debiera ser del 41,6% retroactivo a Enero 2016.

Este trabajo también ratifica un concepto que siempre hemos sostenido. En la discusión paritaria debe considerarse la relación entre la evolución salarial y los precios pero también debe incorporarse las necesidades “reales” de los trabajadores. Así las cosas, los datos disponibles indican que el ingreso promedio de quienes trabajan en la Argentina asciende a $7.354 y que en el caso de los asalariados registrados sube a apenas $9.071 mientras que en los no registrados descienda a $3.983.

Todos estos salarios resultan paupérrimos al compararlos con la más moderada de las estimaciones de la canasta de pobreza ($7.377), ni que hablar frente a la canasta de consumos mínimos elaborada por la Junta Interna de delegados de ATE-INDEC ($15.577) así como también respecto a la Canasta de Consumo Promedio Familiar que se ubica en $18.646. Frente a lo expuesto sostenemos que las condiciones de vida de la Argentina actual reclaman un Salario Mínimo que no baje los $9.000 y requieren básicos de convenios que como piso debería ubicarse en los $15.000.

Estos deberían ser los objetivos de un acuerdo social razonable que se planteara establecer una senda de recuperación del poder adquisitivo de la población dinamizando así el consumo popular y el mercado interno. Criterio éste que se ubica en las antípodas de una estrategia oficial que de cumplirse en sus objetivos implicará una pérdida importante del poder adquisitivo de los salarios. Las paritarias son el momento en el que política y socialmente puede ponerse un freno a la estrategia recesiva del gobierno nacional.

El trabajo que aquí presentamos fundamenta los conceptos hasta aquí expuestos.

La actual discusión en torno a las paritarias se encuentra signada por un liso y llano intento de extorsión a los trabajadores por parte de los funcionarios macristas, operado a través de distintos mecanismos. Declaraciones tales como “cada gremio sabrá hasta qué punto puede arriesgar salarios a cambio de empleos”1 por parte del Ministro Prat Gay, vuelven explícita la pretensión de disciplinar a los trabajadores, encarada paralelamente a través del conjunto de despidos que han tenido lugar en el sector público cuya ola se extiende también al sector privado. Con respecto a esto último, el oficialismo reconoció que se despidieron ya a 6000 empleados del Estado Nacional a la vez que hasta Marzo estarán en revisión miles de contratos y concursos, como así también se darán de baja vía decreto las contrataciones a través de convenios con las universidades. Según el Observatorio de Derecho Social de la CTA, los despidos en el sector público suman 27.199 a nivel consolidado (incluyendo provincias y municipios), llegando en la órbita nacional a 8.609 (2 mil más que los confirmados por el Ministro de Modernización2), más de 15 mil en diversos municipios y el resto corresponde a los estados provinciales. Cabe destacar que los despidos de trabajadores estatales no se reducen a la gestión macrista, sino que también se registran despidos en varias jurisdicciones gobernadas por otros signos políticos, incluso del Frente para la Victoria, como por ejemplo en Santa Cruz y Tierra del Fuego. Por otra parte, en el sector privado se contabilizan al menos 22.800 despidos en el último bimestre, principalmente en los sectores de la construcción, metalurgia y petroleras3. En definitiva, los despidos ya efectuados en conjunto con la amenaza generalizada de nuevas desvinculaciones pretenden limitar los reclamos salariales de la fuerza de trabajo, estrategia que se acentúa a través de los repudiables actos de represión y criminalización de la protesta social, llevados adelante en las últimas semanas.

El objetivo del oficialismo de reducir los costos laborales pretende instrumentarse fijando un techo a las paritarias entre el 20 y el 25%, con el argumento ficticio esgrimido por el propio Presidente de que “con un compromiso entre todos podemos lograr” bajar la inflación a ese rango4. Argumento que en realidad no implica otra cosa que hacer recaer sobre las espaldas de los trabajadores los costos del ajuste, como tantas otras veces. Ello se debe a que el plan económico que viene llevando adelante el Gobierno, mediante devaluación, quita de retenciones y aumentos descomunales de las tarifas eléctricas, en conjunto con la vía libre ante aumentos de precios injustificados, generan un impacto inflacionario que supone una brutal transferencia de ingresos a los sectores más acomodados. En este marco, la única política antiinflacionaria a la que pareciera apostar el macrismo es el recorte de los salarios y la recesión económica –acentuada por el aumento en las tasas de interés-.

Es por ello que resulta fundamental analizar la situación salarial de los trabajadores de forma tal de no avalar la estrategia oficial de seguir utilizando al salario como variable de ajuste. Debe entenderse que la instancia de paritarias es el momento en el que puede cuestionarse la lógica de la propuesta oficial evitando la profundización del cuadro recesivo. Una paritaria por debajo del 30% acompañada de las definiciones que acaban de tomarse en materia de jubilaciones, asignación universal y asignaciones familiares validarían la estrategia recesiva que supone la propuesta oficial. En el Cuadro Nº 1 puede observarse que, según el Índice de Salarios elaborado por el INDEC y teniendo en cuenta una pauta inflacionaria alternativa5, entre el año 2011 y 2015 los salarios reales cayeron un 4,2%. Tomando sólo el año 2015, la moderada recuperación que experimentaron los salarios con respecto a 2014 no logró compensar la caída de los años anteriores, y menos aún después del salto que experimentaron los precios en el mes de diciembre.

Por otra parte, el impacto inflacionario de las recientes medidas tomadas por el gobierno hacen pensar que la meta del 25% se vuelve irrisoria y que el aumento de los precios en 2016 puede encontrarse más bien en torno al 35% de considerarse una proyección optimista que implique una desaceleración de los precios a lo largo de los meses, o puede llegar a niveles cercanos al 58% si se anualiza el incremento registrado por el IPC de la Ciudad de Buenos Aires para el mes de Diciembre 2015. En el Cuadro Nº 2 se presentan tres proyecciones inflacionarias que asumen distintos comportamientos de los precios para los próximos meses.

En este marco, necesariamente, las paritarias de este año deben considerar la pérdida de los años anteriores para poder recomponer el ya deteriorado poder adquisitivo de los trabajadores y compensar la inflación esperada para 2016. Así, suponiendo que se cumpla la subestimada meta oficial del 25%, para poder recuperar el poder adquisitivo que tenían los salarios en 2011, es necesario un aumento salarial del 30,5%. Sin embargo, considerando proyecciones de inflación más realistas como las presentadas en el cuadro anterior, los aumentos salariales deberían estar en torno al 41,6% en el escenario más optimista. En cambio, de terminar imponiéndose el techo del 25% en las paritarias, los salarios pueden llegar a acumular una caída real de entre el 12% y el 24,5% con respecto a los niveles de 2011.

Sin embargo, es necesario considerar que las paritarias no suelen definir aumentos al menos hasta Abril, por lo que el poder adquisitivo del salario seguirá cayendo hasta Marzo inclusive. La magnitud de la caída depende de la proyección inflacionaria que se considere. En el Cuadro Nº 4 se muestra el impacto en los salarios reales teniendo en cuenta las alternativas de inflación mencionadas anteriormente. De este modo, tomando sólo el primer trimestre, se observa que los salarios reales a nivel general caerán entre un 5,9% y un 7,6% con respecto a fines de 2015, por lo cual la caída acumulada respecto al año 2011 se ubicaría entre el 9,9% y el 11,5%. Por lo tanto, las tres pautas de aumento salarial necesario presentadas en el cuadro anterior sólo resultarán efectivas si se pagan retroactivamente a Enero, teniendo en cuenta los mecanismos necesarios para que ese dinero no pierda poder de compra.

Por otra parte, además de lo que ocurra con la inflación en los próximos meses, la discusión salarial no puede obviar el nivel paupérrimo de ingresos que exhibe gran parte de la fuerza laboral. De hecho, según los datos publicados por el INDEC correspondientes al 2do trimestre de 2015 (últimos disponibles), el ingreso medio de los ocupados es de $7.354, a todas luces insuficiente para garantizar ciertos niveles mínimos de consumo. En primer lugar, tomamos como parámetro dos mediciones alternativas de la canasta básica para una familia tipo: la CBT 1 surge de actualizar la medición tradicional del INDEC con una pauta alternativa de precios desde el año 2007 mientras que la CBT 2 consiste en una actualización metodológica superadora en la medición de las canastas6. En este sentido, el ingreso medio de los ocupados apenas supera en un 14% a la CBT 1 mientras que se encuentra un 26% por debajo de la CBT 2. En segundo lugar, considerando la Canasta de Consumo promedio Familiar7, el ingreso medio de los ocupados se encuentra un 55% por debajo de la misma dando cuenta que ni siquiera dos salarios medios permitirían acceder.   Siendo que el dato presentado en el cuadro anterior corresponde a los ingresos medios del total de ocupados y que el mercado laboral presenta una considerable fragmentación, en el Cuadro Nº 6 se presenta la diferenciación entre categorías ocupacionales seleccionadas. De allí surge que en el caso de los asalariados registrados, al 2do trimestre de 2015 el ingreso medio rondaba los $9.071, ubicándose un 8,7% por debajo de la CBT 2 y un 44,5% por debajo de la canasta de consumo promedio. En el caso de los asalariados no registrados la brecha se agrava, encontrándose un 38,4% por debajo de la CBT 1, un 59,9% por debajo de la CBT 2 y un 75,6% por debajo de la canasta de consumo promedio. Por otra parte se puede observar que los trabajadores por cuenta propia también poseen ingresos por demás insuficientes.

Se presentan los parámetros mencionados anteriormente actualizados a Diciembre 2015. De este modo se observa que la CBT para una familia tipo está entre los $7.400 y los $9.700, mientras que la Canasta de consumo promedio familiar alcanza los $18.646. Por otra parte, la canasta de consumos mínimos estimada por la comisión técnica de la junta interna de ATE-INDEC, está valuada en $15.6778. Frente a ello, contrasta el nivel insignificante del salario mínimo vigente, que desde Enero de 2016 se ubica en $6.060.

En este marco, no sorprende el hecho de que tener un empleo no garantiza hoy en día las condiciones básicas de reproducción de la fuerza laboral. De hecho, aplicando la metodología utilizada desde este Instituto, se constata que a mediados de 2015 uno de cada cuatro ocupados era pobre (23,7%). En términos absolutos, ello abarca a 3,8 millones de trabajadores. Por otra parte, no todos los ocupados logran cubrir las necesidades de subsistencia física más elementales: 673 mil trabajadores son indigentes en tanto no logran acceder a la Canasta Básica Alimentaria (4,2%).

Desde este punto de partida, las medidas regresivas que impulsó el oficialismo en los últimos meses en conjunto con la intención de poner un techo a las paritarias, no pueden sino agravar la preocupante situación de los trabajadores. En este marco, la supuesta pretensión del Gobierno de alcanzar la “Pobreza Cero” resuena casi como una burla al conjunto de los sectores populares, mientras se sigue beneficiando a los estratos más privilegiados.

Es por ello que se vuelve de suma urgencia exigir una recomposición en serio de los salarios. En este sentido, uno de los aspectos a discutir es un valor del salario mínimo que pueda garantizar lo previsto en la Ley de Contrato de Trabajo, por la cual debe ser “la menor remuneración que debe percibir un trabajador sin cargas de familia de modo que le asegure: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión”. Sabiendo que en nuestro país el salario mínimo estaba en relación con el salario de convenio (cubriendo el 60% de dicho monto) y este último con la canasta familiar (el básico de convenio se fijaba en torno al 80% de la canasta familiar), resulta que para mantener dichas relaciones el valor del salario mínimo debería ser de al menos $8.950.

Otro criterio plausible de ser aplicado, a fin de estimar el valor de referencia sobre la base de parámetros objetivos, consiste en estimar la canasta de consumo de un adulto sin cargas de familia partiendo de los datos que surgen de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares del 96/97 -la última que no estuvo sujeta al proceso de manipulación de las estadísticas públicas-, incluyendo los rubros mencionados en la Ley de Contrato de Trabajo. De este modo, actualizando el valor que surge de la ENGH 96/97, resulta que a Enero de 2016 el SMVM bruto no debería ser menor a los $9.858,6”.