La CTA, la CGT y la Multisectorial se movilizan al Congreso en repudio a la Reforma Judicial

La CTA, la CGT y la Multisectorial se movilizan al Congreso en repudio a la Reforma Judicial

conf600bEste martes a las 17,30 en la sede de la CTA (Lima 609) se llevó a cabo una conferencia de prensa en la que Pablo Micheli explicó las razones de la movilización conjunta que la CTA realizará mañana junto a la CGT y a la Multisectorial al Congreso de la Nación para repudiar la aprobación de la Reforma Judicial.

“Nosotros teníamos la necesidad de aclarar que desde este espacio hemos elaborado un material de 21 puntos que tiene que ver con nuestra posición de rechazo a esta ley que ha enviado el Poder Ejecutivo”, comenzó sus palabras Pablo Micheli, secretario general de la CTA. “No es la misma posición de Macri o de Carrió, la nuestra es una posición de clase porque en estos días aparece como todo confundido, como que todo es lo mismo”, señaló Micheli quien además agregó que había mantenido una conversación telefónica con Hugo Moyano para combinar el encuentro de mañana a las 13,30 frente al Congreso. En la misma comunicación Micheli manifestó la solidaridad de la CTA con el paro de 72 horas que desde mañana llevan adelante los trabajadores judiciales de la CGT encabezados por Julio Piumato.


Reforma Judicial – Conferencia de Prensa

Luego de la apertura de Micheli, Hugo Blasco, el secretario de Derechos Humanos de la Central leyó los 21 puntos:

“1.- “La reforma del Poder Judicial debe adecuarse a los mandatos constitucionales que rigen en la Nación Argentina.

2.- Debe ser objeto de los más amplios y participativos debates, que favorezcan consensos sólidos, por tratarse de la reforma institucional más importante en décadas.

3.- Debe ser elaborada y concretada a favor de los intereses y derechos del pueblo y no para proteger necesidades y objetivos políticos y económicos corporativos o sectoriales.

4.- Debe preservar el principio de separación de los poderes, la independencia y el ejercicio pleno de su facultad de control constitucional, legal y de razonabilidad sobre los actos de los otros poderes del Estado. En consecuencia, debe impedir que estos poderes políticos y partidarios controlados elijan a los jueces controlantes.

5.- Debe establecerse un organismo popular asesor del Consejo respetando el derecho humano a participar directamente en los asuntos públicos.

6.- Debe someter a los postulados a consejeros a un procedimiento previo de control público y participativo de idoneidad especial para el cargo de Consejero, más exigente que el establecido para los candidatos a magistraturas judiciales.

7.- Debe garantizar la distribución de los cargos de consejeros respetando la igualdad de género.

8.- Debe promover enfáticamente la vigencia plena de los mecanismos administrativos y de trabajo democráticos entre todas las personas que se desempeñan en el Poder Judicial, con pleno respeto de los derechos individuales, laborales y gremiales amparados por la Constitución y las demás normas.

9.- Debe establecer estrictas y claras incompatibilidades personales, profesionales, de intereses y de conducta, así como la dedicación exclusiva para todos los magistrados y altos funcionarios judiciales, para los procesos de selección y para el desempeño del cargo de Consejero.

10.- Debe impedir la monopolización de los cargos de consejeros por los abogados y abrir posibilidades a la integración con representantes de otras ramas de las ciencias, especialmente de las sociales y de la cultura, como representantes de los distintos grupos electores.

11.- Debe promover, desde el inicio de la formación profesional y con énfasis, la preparacion especial y la vocación para ocupar los cargos de magistrados.

12.- Debe evitar que la designación, la remoción y el disciplinamiento de los jueces quede a merced de intereses oficialistas u opositores.

13.- Debe permitir la participación de la ciudadanía y de quienes alegan con verosimilitud ser víctimas de los delitos o faltas en los procesos disciplinarios o de remoción de los jueces.

14. Debe establecer plazos estrictos para la ejecución de todos los pasos en la selección, remoción o sanción, incluyendo el procedimiento ante el P.E. y el Senado ulterior a la elevación de la terna vinculante, bajo apercibimiento de publicación por el Consejo, obligatoria y periódica mientras no se corrija la omisión, del vencimiento de dichos plazos. Además, debe impedir la manipulación acumulativa de las ternas, determinar que debe designarse a uno de los ternados para el cargo concursado.

15.- Debe respetar las facultades constitucionales del Consejo de la Magistratura para la administración del Poder Judicial, entre ellas, la de regular el ingreso de funcionarios y empleados, tal como se llevó a la práctica en el Ministerio de la Defensa Pública, en ejercicio de potestades propias.

16.- Debe tomar especialmente en cuenta las experiencias muy diferentes sobre Consejos de las Magistratura con participación popular y de los trabajadores judiciales en distintas provincias, a partir del fracaso de otros desarrollos provinciales en los que prevalecen el factor político partidario, la ingerencia de los otros poderes del Estado y la exclusión de otras formas legitimas de participación popular.

17.- Debe establecer similares regímenes a los destinados a los jueces, para la selección, remoción y disciplinamiento del Ministerio Publico, dada su gravitación muy determinante en la administración no democrática de justicia, su estructura verticalista y cerrada a la participación popular.

18.- Debe devolver al Poder Judicial la facultad constitucional exclusiva de investigar imparcialmente la comisión de los delitos, por separado de su potestad de juzgarlos, y proveerlo de una Policía Judicial bajo su dirección, desplazando de los actos investigativos y periciales a todos los organismos dependientes del Poder Ejecutivo que ejercen indebidamente funciones judiciales.

19.- Debe garantizar no sólo el acceso del pueblo a los tribunales sino también a un proceso y un juicio justos.

20.- Debe abstenerse de incluir toda norma que recorte directa o indirectamente la garantía constitucional del amparo contra los múltiples y constantes actos del Estado que atentan contra los derechos humanos, o faculten al Estado a reclamar la interrupción, prohibición, represión o criminalización de huelgas y demás protestas sociales.

21.- Debe garantizar a todo el sistema judicial la cantidad suficiente de factores, recursos económicos y edilicios, y los demás medios imprescindibles para el cumplimiento cabal de sus fines.”

Juan Carlos Alderete de la CCC y Gustavo Giménez del Movimiento Teresa Vive reafirmaron que esta reforma es antidemocrática porque fue construida verticalmente desde el Poder Ejecutivo y que de aprobarse irá en contra de los derechos fundamentales de los trabajadores como lo es el derecho a la huelga y a manifestarse públicamente. Los dos dirigentes coincidieron en que sí es necesaria una reforma judicial pero en favor de los trabajadores.

En la conferencia, de la que participaron medios televisivos, radiales y gráficos, participaron los diputados Claudio Lozano, Víctor de Gennaro, la asesora de Liliana Parada, Jorge Cardelli, Juan Carlos Zabalza, también estuvo el ex gobernador de Santa Fe Hermes Binner y los integrantes de la Mesa Nacional de la CTA.