Carrefour: El Procedimiento Preventivo de Crisis Como Artificio para la Apropiación de Salarios y Recursos Fiscales

Carrefour: El Procedimiento Preventivo de Crisis Como Artificio para la Apropiación de Salarios y Recursos Fiscales

El capítulo 6 de la Ley Nacional de Empleo n° 24.013 y los decretos 2072/94 y 265/02 reglamentan el Procedimiento Preventivo de Crisis de Empresa (PPC). Esas normas diseñan un modelo de administración tripartita de la crisis empresaria caracterizado por su laxitud e ineficacia para la preservación del empleo, aunque beneficioso desde el punto de vista de la rentabilidad empresaria.

I.- Los Procedimientos Preventivos de Crisis en la Ley

El capítulo 6 de la Ley Nacional de Empleo n° 24.013 y los decretos 2072/94 y 265/02 reglamentan el Procedimiento Preventivo de Crisis de Empresa (PPC). Esas normas diseñan un modelo de administración tripartita de la crisis empresaria caracterizado por su laxitud e ineficacia para la preservación del empleo, aunque beneficioso desde el punto de vista de la rentabilidad empresaria.

Este procedimiento sólo prevé una instancia obligatoria de “consulta e información” que puede ser promovido tanto por la empresa como por el sindicato, al término del cual si las partes no han arribado a un acuerdo, el empleador puede disponer los despidos y suspensiones sin otra restricción que aquella que provenga de la acción colectiva.

Pero la puesta en marcha de este dispositivo no siempre responde al objetivo de encausar un probable conflicto derivado de decisiones de una empresa en crisis. Desafortunadamente, muchas empresas recurren a este procedimiento para reducir su plantilla pero no como consecuencia de un estado de crisis, sino como una medida tendiente a bajar costos laborales en el marco de estrategias comerciales y planes de negocios sin compromiso alguno con la conservación del empleo.

Ese parece ser el caso del Procedimiento Preventivo de Crisis de Empresa iniciado por la cadena de supermercados Carrefour que derivó en un Acuerdo Preventivo de Crisis (APC).

Reconociendo que para hacer una valoración terminante de la crisis o causas económicas que la empresa invoca habría que acceder a los informes, balances y demás constancias que se suponen están agregados al expediente donde tramita el PPC, lo cierto es que la información que ha trascendido no da cuenta de que Carrefour esté atravesando dificultades económicas significativas.

Por lo tanto, si no hay crisis no hay justificación para imponer un acuerdo que básicamente apunta a bajar salarios y flexibilizar otros derechos de gran parte de los 19.000 trabajadores que emplea la cadena supermercadista en sus 500 sucursales.

En adelante se analizan los aspectos más relevantes del acuerdo celebrado entre INC S.A. (Carrefour) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), con la participación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad de la Nación.

II.- Apropiación de Salarios.

En la cláusula segunda se advierte un gran esfuerzo de las partes involucradas por enmascarar las rebajas salariales dispuestas a futuro. En función de ello, la cláusula denominada de “Adecuación salarial” dispone modificar la forma en que se detallan los recibos de haberes. Se incorporan dos nuevos rubros. Uno denominado “Básico CCT”, con el cual se identificará el básico de CCT 130/75 para la respectiva categoría del trabajador. Y otro denominado “Adicional Empresa”, que hace referencia a la diferencia entre el mayor salario percibido por el trabajador convencionado y el Básico CCT.

Esta reordenamiento de la liquidación de sueldos apunta a organizar la forma en que se aplicarán los recortes salariales. Éstos se practicarán a través de dos vías:

1.- El aumento acordado en las paritarias de 2018 (de un 15%) se aplicará solamente sobre las escalas básicas del CCT 130/75 y sobre toda otra suma, suplemento y/o adicionales fijos y permanentes que la empresa abona por sobre esas escalas básicas de convenio pero hasta el límite de $ 3480.

2.- Los aumentos paritarios de los años 2019, 2020 y 2021 se aplicarán sobre el Básico CCT y acuerdos zonales y sobre los rubros previstos en el CCT 130/75, no aplicándose los nuevos aumentos acordados en paritarias al rubro Adicional Empresa.

En un contexto de alta inflación como el que afecta estructuralmente a la economía de nuestro país, es de esperarse que para el año 2021 la pérdida de salario real de los trabajadores de Carrefour comprendidos en el APC sea significativa.

Si se tiene en cuenta además, que el acuerdo no prevé ninguna compensación ni renegociación futura entre las partes en caso que la empresa supere las dificultades económicas que dieron lugar al PPC, al final del ciclo la empresa habrá consolidado un aumento de las tasas de apropiación del salario por vía de la negociación colectiva.

III.- Retiros Voluntarios, Cierres de Sucursales. Reubicación de Trabajadores.

La cláusula 3ra. punto 1 dispone un retiro voluntario para un número de hasta 1000 trabajadores, a quienes se le pagará el 150 % de la indemnización por antigüedad que

correspondiere, más otros beneficios adicionales según su particular condición (mujer embarazada, trabajador próximo a jubilarse, concubinos).

En el punto 2.A de la misma cláusula 3ra., la empresa se reserva la decisión de cerrar una o mas tiendas en función de la evaluación y análisis de sustentabilidad que haga de la situación de crisis que da origen al PPC.

En el párrafo siguiente, punto 2. B., Carrefour se atribuye la potestad de reubicar a los trabajadores que decidieran mantener la relación laboral, comprometiéndose únicamente a “verificar” la posibilidad de asignarlos a sucursales cercanas a sus domicilios. Debe suponerse que refiere a los trabajadores que se desempeñan en las sucursales cuyo cierre ha decidido la empresa y no a todos los trabajadores en general. La aclaración es necesaria pues la cláusula adolece de una redacción confusa y carece además de aclaraciones que conecten las distintas hipótesis. Como señaláramos, lo más probable es que las partes hayan querido referirse a los trabajadores de sucursales cuyo cierre haya decidido la empresa y no a los trabajadores de todas las sucursales en general.

En esta previsión se refuerza la facultad del empleador de modificar unilateralmente las condiciones de trabajo. Recordemos que el artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo dispone que el empleador está facultado para introducir cambios relativos a la forma y modalidades de la prestación del trabajo en tanto sean razonables y no alteren modalidades esenciales del contrato, ni causen perjuicio material ni moral al trabajador.

Siendo que el lugar de prestación de tareas es una de esas modalidades esenciales, el traslado de establecimiento dispuesto por Carrefour debería ser a una sucursal próxima y no causar un grave perjuicio al trabajador. La asignación de un nuevo lugar de trabajo lejos de la sucursal donde se desempeñaba y lejos de su domicilio, configura un ejercicio abusivo de esta facultad que causa graves perjuicios al trabajador. Por lo tanto, una decisión de ese tipo debería considerarse improcedente por más que el APC deje abierta la posibilidad de considerar lo contrario.

IV.- La Puja por la Reducción de Contribuciones Patronales.

Otro de los aspectos relevantes del APC se encuentra al final, también de la cláusula 3ra y refiere a la disminución de los aportes previsionales patronales correspondientes a la Seguridad Social. Resulta interesante observar lo que sucedió al respecto y como operaron los distintos actores involucrados.

En el acuerdo original se había eximido a Carrefour de pagar el 50% de esas contribuciones durante 18 meses y sobre el total de las remuneraciones de todo el personal integrante de la nómina de INC S.A. Nótese que la rebaja de las contribuciones no se limitaban a los trabajadores encuadrados en el CCT 130/75, sino que también comprendía a todos los dependientes de la empresa, jerárquicos de altos salarios incluidos.

Esto provocó que varias empresas del sector salieran a manifestar públicamente su disconformidad. Voceros la Cámara de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam) destacaron entonces, que la reducción de cargas le significaría a Carrefour un ahorro de $2.000 mensuales por empleado y un total de más de u$s 1,5 millones por mes. Lo que representa el 10% de la estructura de costos.

Por su parte, la Cámara de Asociaciones de Supermercados (CAS) y su federación (FAS) reclamaron igualdad de trato y advirtieron que los beneficios concedidos a la firma excedían “lo previsto en un Procedimiento de Crisis normal”. Y amenazaron diciendo que muchos de sus socios estarían en condiciones de presentar un PPC para obtener las mismas concesiones.

De tal modo, los empresarios dejaron en claro que entienden al PPC como un mero instrumento para reconfigurar costos y proyectar estrategias comerciales.

Al momento de dictar la homologación del APC, el Ministerio de Trabajo dio cuenta de esos reclamos del resto de las empresas del sector y modificó esta parte de la cláusula 3ra. Mediante la disposición homologatoria, el Ministerio reajustó la eximición de aportes, limitando esa reducción a los incrementos salariales obtenidos por los trabajadores encuadrados en el CCT 130/75 y al rubro Adicional Empresa. En ambos casos a partir de este año y sin la limitación de los 18 meses previstas en el acuerdo original.

Si bien el Ministerio de Trabajo atenuó la rebaja de los aportes patronales consignadas en el APC, lo cierto que la misma sigue siendo importante.

Aquí queda de manifestó el carácter tripartito del acuerdo como así también el alineamiento de las autoridades de gobierno con la estrategia de Carrefour. Nuevamente el Estado financiando con recursos de la Seguridad Social las expectativas de ganancias de una empresa.

Más allá del promocionado objetivo de preservar el empleo, el cual por supuesto se comparte, la defensa del interés público ameritaría que la empresa se comprometa a

reintegrar esa enorme masa de dinero al Estado (el acuerdo comprende a la gran mayoría de los 19.000 trabajadores que emplea Carrefour) una vez superada la supuesta crisis.

V.- Conclusiones.

En todo acuerdo surgido de un PPC, los trabajadores resignan derechos y condiciones a cambio de conservar puestos de trabajo en el marco de una situación de crisis que afecta a una empresa. En el caso del APC de Carrefour realmente no se aprecian esas dificultades económicas que justifiquen el desventajoso tratamiento salarial que se les dará a los trabajadores de esa empresa durante los próximos tres años. Una ley que se pretende en favor del derecho al trabajo no puede ser utilizada por los empleadores como un mecanismo para mejorar su competitividad u optimizar sus ganancias.

De ahí que muchísimos trabajadores alcanzados por el acuerdo se hayan manifestado en contra del mismo. Reclamos que no fueron considerados por las partes signatarias del acuerdo ni por el Ministerio de Trabajo. El modelo de monopolio de representación sindical resulta funcional para este tipo de acuerdos firmados a espalda de los trabajadores afectados.

Por eso es que no sorprende que el Ministerio de Trabajo sólo haya atendido los reclamos de las gremiales supermercadistas y no el de los propios trabajadores a los que se les aplica el ACP.

Por otra parte, los perjuicios también se extienden a todos los trabajadores en general pues. Una importante masa de recursos que debería ingresar al sistema de Seguridad Social se transfiere al patrimonio de Carrefour, sin ninguna obligación de restituirlo. Irónicamente, todo se da en un contexto donde las autoridades fundamentan decisiones de política económicas impopulares en la necesidad de reducir el déficit fiscal.

En esencia, el acuerdo logrado por Carrefour no es más que un artificio fraguado en el marco de un plan de negocios que no está vinculado a una situación de crisis sino a un proyecto de crecimiento de los márgenes de ganancia de la empresa. El APC le permite a Carrefour aventajar a sus competidores en el mercado a partir de la apropiación extraordinaria de recursos provenientes de los salarios de sus empleados y de los ingresos fiscales.

Por último, debemos relacionar este acuerdo con el fomento de la flexibilización de derechos laborales por vía de la negociación colectiva que practica el Ministerio de Trabajo. Tal fue el caso del promocionado convenio petrolero de Vaca Muerta o del

acuerdo de la UOM en Tierra del Fuego. En todos ellos, las autoridades junto a las empresas han logrado imponer la lógica según la cual los trabajadores deben costear la creación o conservación de los puestos de trabajo a través de la resignación de derechos.

Por Javier Fernando Izaguirre. Observatorio del Derecho Social.